Hay una cosa que últimamente me fascina bastante: la facilidad con la que «hemos» conseguido convertir la inmigración en la explicación universal para prácticamente cualquier problema que tengamos. No hay vivienda: inmigración. La sanidad está saturada: inmigración. El colegio tiene demasiados chavales por aula: inmigración. Hay delincuencia: inmigración. Los salarios son una mierda: inmigración. No encuentras piso: inmigración. Tu barrio ha cambiado: inmigración. Y si mañana llueve tres días seguidos, probablemente alguien terminará diciendo que tampoco pasaba antes de que llegaran los menas.
Lo curioso es que esta explicación tan maravillosa tiene una ventaja enorme: no obliga a pensar demasiado. No obliga a preguntarse por la vivienda pública que no hemos construido, por los salarios que llevan años perdiendo poder adquisitivo, por el deterioro de determinados servicios, por la concentración de pobreza, por la precariedad laboral o por las decisiones políticas tomadas durante décadas. Todo eso es bastante complicado. Requiere datos, contexto y alguna que otra gráfica. En cambio, [INSERTAR AQUÍ NOMBRE EXTRANJERO] vive en el tercero B y se le ve perfectamente desde la ventana. Así que ese vecino del tercero, tiene muchas papeletas para acabar siendo el culpable. Y de eso va bastante el asunto.
Porque una cosa es hablar de inmigración y otra muy distinta hablar de invasión. La primera es una realidad demográfica, económica y social que puede analizarse y discutirse. La segunda es una palabra elegida para provocar miedo. Nadie habla de invasión porque haya hecho una tabla de Excel y haya llegado científicamente a esa conclusión. Se habla de invasión porque la palabra ya te dice lo que tienes que sentir antes de empezar a pensar.
España recibe mucha inmigración. Evidentemente. Según los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística, en 2026 vivimos en España cerca de cincuenta millones de personas y más de diez millones habían nacido fuera del país. Es un cambio demográfico importantísimo y negarlo sería tan absurdo como afirmar que Oviedo tiene playa.
Pero aquí empieza la primera trampa: nacido en el extranjero no significa inmigrante irregular. Tampoco significa extranjero. En esos diez millones hay ciudadanos comunitarios, trabajadores con permiso de residencia, estudiantes, personas refugiadas, profesionales, parejas de españoles, personas nacionalizadas y gente que lleva aquí más años que muchos de los que ahora les explican cómo funciona España. Y después están las llegadas irregulares, que son otra cosa.
Los balances del Ministerio del Interior muestran que en 2025 llegaron irregularmente a España unas 25.300 personas, más de un 40 % menos que el año anterior. Durante el primer semestre de 2026 fueron algo más de 12.000, frente a cerca de 18.000 en el mismo periodo de 2025. Son cifras que pueden generar una presión muy seria en territorios concretos y que necesitan medios, planificación y una política migratoria sensata. Especialmente en Canarias, Ceuta o Melilla.
Pero España tiene casi cincuenta millones de habitantes. Así que uno puede defender que esas llegadas deben gestionarse mejor. Puede defender más controles, más recursos o una política distinta. Lo que cuesta bastante más es llamar a eso invasión sin que se note un poco el cartón piedra.
Luego está el inmigrante de WhatsApp. Ese es mi favorito. El inmigrante de WhatsApp llega a España, baja de una patera, recibe inmediatamente un piso, un teléfono móvil último modelo, una paga de 2.000 € y probablemente una suscripción a Netflix. No trabaja jamás, no paga un impuesto en su vida y se pasa las tardes esperando a que llegue el próximo español al que quitarle una ayuda.
El problema es que el inmigrante de WhatsApp vive muchísimo mejor que el inmigrante del INE. Porque según los datos de la Seguridad Social, en julio de 2026 España superó por primera vez los tres millones y medio de trabajadores extranjeros afiliados. Más del 15 % de todas las personas afiliadas a la Seguridad Social son extranjeras. En sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción su peso es todavía mucho mayor.
Es decir, trabajan. Mucho, y además cotizan y hacen gasto aquí (que parece que hay que contarlo en modo A, B, C...) pagan IVA cuando compran, pagan IRPF cuando les corresponde, pagan alquileres, compran comida, utilizan transporte. Hacen todas esas cosas extrañísimas que también hacemos quienes hemos tenido la enorme fortuna administrativa de nacer dentro de unas determinadas fronteras.
También hay más de medio millón de autónomos extranjeros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pagan cotizaciones (fíjate tú…)
Pero existe una especie de fenómeno óptico curioso. Cuando una persona extranjera cobra una prestación es inmediatamente «el inmigrante que vive de nuestros impuestos». Cuando esa misma persona paga impuestos durante veinte años, aparentemente deja de ser inmigrante. Misterios de la estadística política.
Otro clásico es aquello de que «llegan y les dan una paga». No. No funciona así. El Ingreso Mínimo Vital, que es probablemente la prestación que más bulos ha acumulado desde su creación, exige como regla general residencia legal y efectiva en España durante al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud, además de requisitos de renta, patrimonio y composición familiar. Eso lo explica el propio Ministerio de Inclusión y lo recoge la Seguridad Social. Por tanto, una persona que acaba de llegar irregularmente no puede acercarse a una oficina y decir «buenas tardes, vengo a por mi paga de inmigrante» No existe. Puede recibir ayuda humanitaria, alimentación, alojamiento temporal o asistencia de emergencia. Por supuesto. Porque dejar a una persona sin comer y durmiendo en la calle quizá no debería ser el gran objetivo político de una sociedad civilizada. Pero atención humanitaria no es lo mismo que vivir permanentemente subvencionado.
Tampoco cobran más por ser extranjeros. La cuantía del Ingreso Mínimo Vital depende fundamentalmente de los ingresos del hogar y del número de personas que lo forman. En 2026 la renta garantizada para una persona sola se situaba algo por encima de los 730 euros mensuales, pero eso no significa que cualquier beneficiario reciba íntegramente esa cantidad. El IMV funciona completando los ingresos hasta determinados umbrales. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión en marzo de 2026, la prestación media efectiva rondaba los 543 euros mensuales por hogar.
Hay otro detalle maravilloso que suele desaparecer en los vídeos donde alguien grita delante del móvil que «nos están robando las paguitas«: más del 40 % de las personas protegidas por el IMV son menores. Niños, niñas, adolescentes. Pero decir «estamos intentando reducir la pobreza infantil» genera bastante menos indignación que poner una foto de un señor extranjero y escribir debajo 1.800 EUROS AL MES POR VENIR EN PATERA.
Así funcionan muchas cosas ahora.
Después tenemos aquello de que nos quitan el trabajo. Siempre me ha resultado interesante porque implica imaginar la economía española como el juego de las sillas. Hay diez puestos de trabajo, llegan dos colombianos, se sientan y automáticamente dos españoles se quedan de pie.
No funciona exactamente así. Las personas que llegan también consumen. También alquilan. También compran. También necesitan peluquerías, bares, supermercados, transporte, ropa y servicios. También crean empresas y generan actividad económica.
El Banco de España estimó que entre 2022 y 2024 la población extranjera contribuyó directamente entre cuatro y siete décimas al crecimiento anual del PIB per cápita. La OCDE, en sus análisis sobre España, calcula además que los trabajadores migrantes han supuesto alrededor del 45 % del crecimiento neto del empleo en los últimos años.
Esto no significa que la inmigración sea una especie de máquina mágica de fabricar riqueza. También puede existir competencia en determinados empleos, especialmente en los peor pagados. Y existe un problema real de precariedad y explotación laboral.
Pero aquí quizá convendría señalar correctamente al responsable. Si un empresario contrata a una persona sin papeles por cuatro euros la hora para evitar pagar diez a otra persona, el problema no es el pobre desgraciado que acepta cuatro euros porque necesita comer. El problema es quien ha descubierto que puede utilizar su vulnerabilidad para empeorar las condiciones de todos.
Resulta mucho más cómodo enfrentar a los dos trabajadores. Uno cobra poco. El otro cobra todavía menos. Y mientras discuten entre ellos sobre quién está destruyendo España, quien les paga a ambos probablemente esté encantado.
También nos dicen que los inmigrantes están destruyendo nuestros barrios (esto ya me ha tocado hasta discutirlo con varias vecinas de portal…) Aquí hay que tener cuidado porque los barrios sí están cambiando. Y hay lugares donde el cambio está siendo rápido. Hay colegios con mucha concentración de alumnado extranjero, servicios sociales con sobrecarga, problemas de vivienda, segregación, dificultades de convivencia y zonas donde la integración no está funcionando como debería.
Todo eso existe. Negarlo sería bastante estúpido. Según el Ministerio de Educación, durante el curso 2024-2025 había más de 1,1 millones de alumnos extranjeros en el sistema educativo español, aproximadamente el 13 % del total, aunque con una distribución muy desigual según territorios y centros. Eso obliga a poner recursos.
Obliga a reforzar determinados colegios, a evitar la segregación, a trabajar desde los servicios sociales, a hacer política.
Lo que no obliga es a pensar que el problema es que una niña de Ecuador esté sentada en el pupitre de al lado. Porque muchas veces lo que llamamos «problema de inmigración» es en realidad un problema de pobreza concentrada. Si metemos en el mismo barrio vivienda barata, precariedad, servicios insuficientes y familias vulnerables de distintos orígenes, acabaremos teniendo problemas. Pero no porque haya una determinada nacionalidad. Porque hemos concentrado desigualdad.
La vivienda es probablemente el ejemplo más claro. España tiene un problema enorme de acceso a la vivienda y la llegada de más población aumenta la demanda. Por supuesto. Sería absurdo negarlo.
Así que quizá haya que preguntarse por qué llevamos décadas construyendo tan poca vivienda pública. Quizá haya que hablar de alquiler turístico, de especulación, de concentración urbana, de los salarios… Quizá de propietarios que pueden subir 300 euros un alquiler porque alguien terminará pagándolo. Todo eso es bastante más complicado que señalar al senegalés que ha alquilado el piso del cuarto.
Luego llegamos a la delincuencia y aquí aparece uno de esos momentos en los que conviene no hacer trampas ni para un lado ni para el otro.
Los datos existen. Según la Estadística de Condenados del INE correspondiente a 2025, alrededor del 70 % de los adultos condenados tenía nacionalidad española.
Hay inmigrantes delincuentes. Claro. También hay asturianos delincuentes. Francesas delincuentes. Médicos delincuentes. Abogadas delincuentes. Rubios delincuentes. No parece demasiado útil organizar el Código Penal por esas categorías.
Quien comete un delito debe responder por él. Punto.
Lo extraño es que cuando un español roba un coche nadie escribe «un europeo occidental de tradición cristiana roba un vehículo» (que tengamos que aclarar esto en 2026…) Cuando el detenido se llama [INSERTAR AQUÍ NOMBRE EXTRANJERO] parece convertirse inmediatamente en representante diplomático de toda su cultura.
Y después está aquello de que la criminalidad se ha disparado desde que hay inmigración.
El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre de 2026 registró un incremento global cercano al 1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Uno por ciento. Mientras tanto, la población nacida en el extranjero lleva años aumentando con mucha intensidad. Así que quizá la ecuación «entra un inmigrante, aparece un delincuente» necesite alguna revisión.
Luego tenemos nuestras pensiones.
Aparentemente los inmigrantes vienen también a destruirlas. Solo que la población extranjera es bastante más joven que la española y está mucho más concentrada en edades laborales. Eso significa que actualmente aporta millones de cotizantes a un país que envejece rápidamente.
No van a solucionar mágicamente el sistema de pensiones. También envejecerán y también tendrán derechos después de cotizar. Pero resulta bastante curioso escuchar que están hundiendo la Seguridad Social mientras más de tres millones y medio están precisamente pagando cotizaciones todos los meses.
Y finalmente llega la frase mágica. «Primero los de aquí»
Siempre he tenido curiosidad por saber dónde acaba exactamente el «aquí». ¿Una colombiana que lleva veinte años en Gijón es de aquí? ¿Su hija nacida en Cabueñes? ¿Un rumano que lleva quince años trabajando en Avilés? ¿Un marroquí nacionalizado?
¿Alguien deja de ser extranjero cuando recibe el DNI o necesita además pasar una prueba sobre dónde se escancian la mejor sidra?
Si una familia española necesita una vivienda social, quiero que haya una vivienda social. Si otra familia extranjera también la necesita, quiero que haya dos. Lo que me parece bastante más grotesco es asumir que debemos aceptar que haya veinte viviendas para doscientas familias y después organizar una competición entre pobres para decidir cuál merece quedarse fuera.
Eso es exactamente lo que hacemos muchas veces. Convertir problemas verticales en guerras horizontales.
- El que cobra 1.200 euros enfadado con el que cobra 900.
- El que espera una ayuda enfadado con otro que también la necesita.
- El trabajador precario contra el inmigrante precario.
- Dos familias pobres peleándose por un piso público.
- Y mientras tanto, nadie mira demasiado hacia arriba.
- Imagínate un barrio cualquiera.
- Tu alquiler ha subido.
- El médico tarda en darte cita.
- El colegio necesita más profesores.
- Tus hijos no consiguen independizarse.
- El supermercado es cada vez más caro.
- Tu sueldo sigue prácticamente igual.
Y entonces alguien señala a una familia extranjera del portal y dice: «Ahí está el problema»
Es una explicación fantástica. Porque esa familia tiene cara. Las políticas de vivienda no. Las decisiones presupuestarias tampoco y la desigualdad no se cruza contigo en el ascensor y tu vecino o vecina, si.
Quizá ahí está la gran victoria del discurso xenófobo. Conseguir que problemas enormes, complejos y profundamente políticos terminen reducidos a una persona que vive dos pisos más abajo.
Todo esto no significa que tengamos que convertirnos en idiotas felices y afirmar que la inmigración es maravillosa, que todo funciona perfectamente y que cualquier preocupación es automáticamente racista. No.
- Necesitamos vías legales de entrada.
- Necesitamos procedimientos de asilo que funcionen.
- Necesitamos perseguir mafias.
- Necesitamos inspección laboral.
- Necesitamos integración.
- Necesitamos evitar guetos.
- Necesitamos distribuir mejor los recursos.
- Necesitamos apoyar a los municipios y barrios donde se concentra la llegada de población.
- Y necesitamos actuar contra quien delinque.
Todo eso es perfectamente compatible con no tratar a millones de personas como una amenaza colectiva.
Como ideas:
- España podemos discutir la política migratoria sin inventarse paguitas.
- Podemos hablar de delincuencia sin transformar una nacionalidad en diagnóstico criminológico.
- Podemos hablar de vivienda sin fingir que hasta ayer teníamos pisos baratos para todo el mundo.
- Podemos generar inclusión sin exigir que alguien renuncie hasta a su nombre para que lo consideremos «uno de los nuestros»
Porque además convendría recordar algo. Según el INE, más de tres millones de españoles viven actualmente en el extranjero.
España sabe bastante de emigrar. Asturianos en América. Gallegos en Cuba y Argentina. Españoles en Francia, Alemania o Suiza. Personas que se marcharon porque aquí no había trabajo. Personas que cruzaron fronteras buscando exactamente lo mismo que busca muchísima gente ahora: vivir un poco mejor.
Quizá podríamos tener algo de memoria antes de convertir al migrante en una criatura extraña que apareció repentinamente en la historia de la humanidad.
En fin, seguimos… ;O)
