Prácticamente todas las sustancias conceptuadas en la actualidad como drogas ilegales, hasta 1918, fueron consideradas como cualquier otro fármaco. Eran de productos de venta libre, y su empleo estaba generalizado en todos los estratos sociales con fines terapéuticos convencionales. De hecho, se vendían no sólo en boticas, droguerías y herboristerías, sino también en comercios de especias, abacerías, coloniales y ultramarinos.
La legislación en materia de salud pública no se planteaba, ni de lejos, restringir su consumo, sino únicamente perseguir los posibles fraudes y negligencias en su comercialización, así como delimitar las competencias entre los distintos colectivos de profesionales autorizados para su importación, producción, elaboración y venta, a saber: farmacéuticos, drogueros (dos gremios que, compartiendo intereses, coexistieron enfrentados en dura pugna hasta la II República) y, en menor medida, herbolarios.
Existía, no obstante, una prohibición que afectaba no sólo a las sustancias consideradas hoy drogas ilegales, sino a todos los fármacos sin excepción: el veto de ser objetos de publicidad en medios profanos, es decir, no especializados. Sin embargo, casi toda la prensa de la época incumplía sistemáticamente este precepto, convirtiéndose en su principal soporte publicitario (hasta la Gaceta de Madrid —predecesora del Boletín Oficial del Estado— llegó a hacer propaganda, entre otras especialidades farmacéuticas, de las afamadas Pastillas Bonald: con cocaína, heroína, codeína).
Por lo demás, la información farmacológica sobre el empleo terapéutico de drogas en periódicos y revistas de medicina, farmacia y veterinaria era muy completa y exhaustiva.
Se daban casos puntuales de abuso (como por ejemplo, el del pintor y escritor catalán Santiago Rusiñol, quien en 1899 ya tuvo que someterse a un tratamiento de desmorfinización), especialmente en ambientes decadentes y bohemios, pero no comportaban ningún tipo de problemática social.
El empleo de drogas apenas despertaba la atención de los medios de comunicación de la época. Excepcionalmente, la prensa española se refería al problema que representaba el opio en países como Francia e Inglaterra, como algo exótico, importado de sus colonias de ultramar; pero la mayoría de las veces, las drogas tan sólo constituían un pretexto o motivo para la publicación de chistes, chanzas y demás comentarios satírico-burlescos. En consecuencia, no se detectaba ningún signo de alarma relacionado con el uso de drogas en el seno de la sociedad española del momento.
En cambio, sí se registró una intensa cruzada antialcohólica, promovida por la Liga Antialcohólica Española (fundada en 1911) y su principal órgano de difusión, el periódico El Abstemio (con una tirada de 10.000 ejemplares). Cabe decir, no obstante que, a diferencia de lo ocurrido en EE.UU. y otros países, los temperantes españoles no consiguieron elevar sus pretensiones de abstinencia total a rango de ley.
Aparte del alcoholismo, otras dos «lacras sociales» preocupaban y excitaban los ánimos de los sectores católicos más intransigentes: la difusión de publicaciones e imágenes consideradas «obscenas» y la blasfemia. Tras activas campañas en contra, las autoridades gubernativas decretaron su prohibición, si bien no consiguieron su erradicación.
La neutralidad observada por el Gobierno español ante la I Guerra Mundial determinó que muchas personas buscaran refugio en España, principalmente en Barcelona, y vinculado a este aluvión demográfico comenzó a extenderse el consumo de drogas al margen de usos terapéuticos convencionales. Tanto es así que, a finales de 1917, el diario republicano El Diluvio desató una activa campaña de prensa contra «los envenenadores públicos», denunciando «la impunidad» con que en la Ciudad Condal se vendía opio, morfina, cocaína y otras drogas, «hasta a los niños». Se decía que sólo en Barcelona había alrededor de seis mil quinientos cocainómanos (entre los que se contaban banqueros, militares, periodistas, funcionarios, socios del Liceo, capitanes de barco, señoritas de la aristocracia, clérigos, dos concejales y algún diputado provincial). Se pudo comprobar, en este sentido, que la fuente de abastecimiento eran «siete u ocho farmacias», dándose la circunstancia de que más de un farmacéutico «vivía sólo de la venta de venenos». El escándalo, difícilmente contenido, determinó que las autoridades gubernativas se plantearan por primera vez controlar y restringir el uso de drogas en España.
